Caducar La Ley

El obispo de San José, Flores y Florida, presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Pablo Galimberti, abogó porque la sociedad uruguaya llegue a "niveles de encuentro, de reconciliación" ya que "uno no puede vivir con un infierno adentro". En ese sentido defendió a la Ley de Caducidad, pues es un gran "esfuerzo que no hay que desbaratar".

Galimberti manifestó que las FFAA aún se pronuncian con "vacilaciones" sobre estos temas y señaló que el nuevo comandante Carlos Díaz "ha dicho todavía hablar de perdón, no".

"Las Fuerzas Armadas como institución del pueblo uruguayo, del Estado como parte de este pueblo, necesitan asumir una actitud clara, definida, en relación a los derechos humanos; no pueden quedar vacilantes, silenciosas, con un silencio que puede ser cómplice", afirmó. ".

Con un paro general parcial y posterior concentración en el Obelisco, el PIT-CNT iniciará el próximo 22 de diciembre una campaña en procura de la anulación de la Ley de Caducidad. También habrá actividades similares el mismo día en distintos países de Europa.

Según lo resuelto por unanimidad por la Mesa Representativa de la central obrera, la detención de tareas se verificará desde las 10 hasta las 13 horas. A las 11 de la mañana tendrá lugar la lectura de una proclama al pie del Obelisco y posteriormente se desarrollará un espectáculo artístico con la participación de distintos conjuntos.

Está confirmada la presencia del dúo Larbanois-Carrero y probablemente también actúe el grupo de rock La Trampa.

En el correr de los próximos días se irán confirmando actividades en distintas ciudades del interior del país. En tanto, ya están fijadas concentraciones en ciudades de Francia, Suiza y Suecia.

El Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ) presentó su informe sobre derechos humanos en Uruguay 2005, en el cual reclama la anulación de la Ley de Caducidad.

Guillermo Payseé, abogado de SERPAJ, dijo en una rueda de prensa que «la Ley de Caducidad debe ser anulada y no derogada» y que esa norma «hizo confundir el terreno del Poder Judicial, porque por salvaguardar lo que en aquel momento era un desacato de militares, terminó atentando contra la Constitución de la República y contra la división de poderes».

Por otra parte, los arqueólogos retomaron ayer las excavaciones en busca de restos de desaparecidos en la chacra de Pando y en los batallones 13 y 14 de Infantería.

El senador socialista José Korzeniak dijo que sin la intervención del cuerpo electoral "el parlamento no puede derogar, ni anular la ley de Caducidad" y que "el cuerpo electoral esta por encima de los poderes del Estado".

Así mismo señaló que el camino para la anulación sería un plebiscito por iniciativa popular.

 

El PIT-CNT comenzará una campaña tendiente a la derogación de la norma, el 22 de diciembre. Uno de sus dirigentes, Luis Puig, sostuvo que el proyecto interpretativo del gobierno "está viciado de nulidad" porque la Ley "que pretende interpretar es contraria al Derecho Internacional, a los Derechos Humanos y ha sido condenada en diferentes ámbitos".

Los dirigentes sindicales señalaron que los hallazgos de restos humanos de la semana pasada "son un avance hacia la verdad", pero advierten que "también es necesario avanzar hacia la Justicia".

"Ninguna sociedad sana puede construirse sobre la impunidad de quienes no tuvieron ningún prurito en secuestrar niños, en torturar hombres y mujeres hasta la muerte, en enterramientos clandestinos, traslados desde distintos países de la región, para imponer un régimen de terror que afectó al conjunto de la población", sostuvo Luis Puig, integrante de la Secretaría de Derechos Humanos de la central sindical.

Además de la marcha, el PIT-CNT está organizando un homenaje a los desaparecidos cuyos cuerpos fueron encontrados la semana pasada. "Una vez terminadas las pericias técnicas y coordinados con sus familiares, vamos a convocar al conjunto de los uruguayos a acompañar un sepelio rodeado por el pueblo. Vamos a organizar un gran homenaje de nuestro pueblo acompañando a los compañeros hacia el cementerio en que sean enterrados", agregó Luis Puig.

Hoy concurrirán a la Comisión de Constitución del Senado los delegados del PIT-CNT, para quienes se trata de "una ley interpretativa que tiene intenciones y aspectos muy negativos. Está viciada de nulidad porque la Ley de Caducidad que pretende interpretar es una ley contraria al Derecho Internacional, contraria a los Derechos Humanos, que ha sido condenada en diferentes ámbitos".

El semanario Brecha se definió claramente a favor de anular la Ley de Caducidad. Y lo presenta en el artículo “Írritos, nulos, disueltos y sin ningún valor para siempre...” publicado en la edición de la semana pasada, el cual transcribimos.

Vamos a decirlo desde la primera línea: nos disponemos a defender la anulación de la ley de impunidad.

Puesto que no somos juristas, no empleamos el término anulación como propuesta de acción jurídica, pero sí en un sentido de acción política que abandone el enmarañado camino del menudeo que intenta, desde hace demasiados años, rescatar unas gotas de verdad y justicia.

Serán los juristas comprometidos con el respeto por los derechos humanos quienes elaboren una propuesta de acción precisa que conforme a quienes, como los integrantes del cuerpo de redacción de BRECHA, sostenemos que llegó el momento de abandonar el minimalismo pragmático en materia de derechos humanos para dar paso a una acción basada en el imperativo ético de investigar y hacer justicia.

Entendemos que se trata de una cuestión controversial.

Pero es justamente en la controversia que el Estado tiene la obligación de optar por una interpretación que abra los caminos a la acción y no como lo ha hecho hasta ahora, por interpretaciones de bloqueo.

No es sólo la parte más reaccionaria de la sociedad la que considera que la ley de impunidad es intocable. También lo hacen aquellos que ignoran que el derecho internacional cuestiona radicalmente la facultad legislativa de amnistiar delitos de lesa humanidad, como la tortura y la desaparición forzada. O quienes consideran que una ley es independiente de las condiciones históricas en que fue creada. Hoy, el resultado del plebiscito de 1989 sería seguramente muy distinto, a la triste pero potente luz de lo que se sabe, se reconoce y se encuentra.

En 1989 no se reconocía siquiera la existencia de desaparecidos, no se pronunciaba la palabra dictadura en los medios de comunicación, un spot en el que Sara Méndez informaba sobre el secuestro de su hijo fue censurado... Hoy no sólo se habla abiertamente de desaparecidos, torturas y huesos de prisioneros enterrados en cuarteles, sino que hay reconocimiento oficial al respecto, se informa la existencia de transferencia de prisioneros desde otros países y de su posterior exterminio (los vuelos), se busca el cuerpo de la madre asesinada (María Claudia García) después del robo de su hija (Macarena); se encuentran huesos humanos en predios militares. No es descabellado pensar, con todo respeto por la Constitución, que estamos ante un momento constitucional distinto.

Hasta el pasado 31 de octubre todos los gobiernos posdictadura evidenciaron una absoluta falta de compromiso con su obligación de garantizar el derecho a la verdad y la justicia de los familiares y conciudadanos de las víctimas, así como de las víctimas sobrevivientes.

Los crímenes de la dictadura no son cosa del pasado. Pesan diariamente en la vida ciudadana, en las familias, en los individuos, su ascendencia y su descendencia.

La espera ha sido muy larga y penosa. Los familiares de desaparecidos primero y otras organizaciones de derechos humanos luego transitaron una etapa en la que sus reclamos chocaron contra muros de silencio y hostilidad, y en la que fueron elaborando una suerte de “estrategia de intersticios”, de buscar donde la ley de impunidad dejara una ranura, un orificio, para intentar algún paso en la búsqueda de la verdad.

En esa lógica del goteo, hasta los más consecuentes luchadores por la verdad se enredaron alguna vez en la maraña de argucias para rescatar una brizna de justicia.

Durante años se intentó arrastrar fuera la ley a una u otra de las víctimas: Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, María Claudia García, Elena Quinteros...

La Comisión para la Paz dio un paso importante en el reconocimiento de la responsabilidad del Estado en los crímenes de desaparición, tortura y asesinatos de uruguayos. Pero no aportó información sobre el destino de los desaparecidos ni sobre los responsables de su suerte. No hay un solo civil ni militar de la dictadura preso por los delitos de torturas, desaparición y asesinatos, a pesar de que hoy ni las Fuerzas Armadas niegan la existencia de tales delitos.

Con el triunfo del Frente Amplio en las elecciones hubo un instante de feliz esperanza. Ahora sí se avanzaría en la investigación, se conocería el destino de los desaparecidos, se recuperarían los amados cuerpos... Se ingresó a los cuarteles, se exigió informes a los mandos, se iniciaron las excavaciones en busca de los restos.

Pero el nuevo tiempo político traería otras racionalidades, en particular la nueva doxa del pragmatismo. Y la vuelta al menudeo en el tema derechos humanos. La calidad de “permanente e imprescriptible” del delito de desaparición no debería quedar subordinada a la aparición de cuerpos, como señaló el presidente Vázquez.

La alternativa a la impunidad en este nuevo escenario no puede ser un nuevo remiendo que sirva para seguir postergando la verdad.

Entendemos que la formulación, obviamente bien intencionada, de una ley interpretativa de la ley de impunidad, será un nuevo remiendo o postergación que chocará con la inequívoca actitud de los jueces, contraria a la investigación y a la sanción de los (de esos) delitos.

Por todo esto, el cuerpo de periodistas de BRECHA llama a los uruguayos que están en el país y a los que están diseminados por el mundo a expresar su voluntad de poner fin, frontalmente, a la impunidad.

La alternativa será legal, se llamará anulación o inaplicabilidad –por muchos caminos se puede llegar a Roma–, incluirá respuestas a los argumentos acumulados durante décadas para impedir la investigación y la sanción de los delitos citados.

Pero esta vez la alternativa elegida debe declarar explícitamente “írritos, nulos, disueltos y de ningún valor para siempre” todos los actos de validación de la impunidad “arrancados a los pueblos” mediante campañas intimidatorias y ocultamiento de la verdad.