Caducar La Ley

Dice un refrán que "la política es el arte de lo posible". Sin embargo, el Frente Amplio logró demostrar que incluso lo imposible, a veces, puede ser posible.

Luego de la derrota del voto verde, todo parecía indicar que la impunidad iba a triunfar y que la verdad y la justicia serían una utopía (otra más...). Los gobiernos de Julio María Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle y Jorge Batlle hicieron todo lo que estaba a su alcance, y un poco más, para que la Ley de Caducidad controlara y reprimiera la búsqueda de la verdad. Estiraron la ley cubriendo delitos que - en teoría - no podían ser impunes ni siquiera con esa propia ley. Nunca investigaron seriamente el destino final de los detenidos desaparecidos, no movieron un dedo para intentar recuperar a los bebés y niños secuestrados en la época de la dictadura y tampoco llevaron a la justicia los delitos que específicamente la Ley de Caducidad no amparaba, como los asesinatos de Zelmar Michelini y Gutierrez Ruiz, los delitos económicos y los delitos cometidos en el exterior.

Luego de la derrota del voto verde, incluso la mayoría de los dirigentes del Frente Amplio decidió apoyar la "decisión soberana" del pueblo uruguayo, olvidando que la campaña por la recolección de firmas y el posterior plebiscito fue una lucha desigual, muy desigual. Mientras se prohibía un spot televisivo de Sara Mendez (que "osaba" mencionar un caso de desaparecidos), todo el aparato de gobierno se dedicó a asustar a la población (el famoso "y después... ¿qué?") y a apoyar el voto amarillo.

Es verdad, el pueblo no se equivoca. Pero si las condiciones (sociales, políticas, etc.) no son las mismas que a mediados de los 80 (con militares encajonando los requerimientos judiciales en una caja fuerte), entonces el pueblo tiene todo el derecho de cambiar su posición.

El Frente Amplio, ahora en el gobierno, está cumpliendo con la promesa empeñada. Tabaré Vázquez se comprometió con los familiares de detenidos desparecidos a investigar el destino de las víctimas de la dictadura militar y lo está cumpliendo. También está aceptando que los militares que son requeridos por otros países puedan ser juzgados por los delitos que cometieron en el extranjero.

Durante un acto realizado en el Memorial de los Desaparecidos, la organización de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos dijo que "...con la llegada del nuevo gobierno se ha conformado un nuevo escenario político con nuevas expectativas y nuevas esperanzas..." y que las promesas del Dr. Tabaré Vázquez se han cumplido.

Todo esto forma parte de la búsqueda de la Verdad.

¿Y la Justicia?

A pesar que el Frente Amplio había decidido ya hace años aceptar la "decisión soberana" y no tocar la Ley de Caducidad, desde el propio gobierno se presentó la propuesta de realizar una interpretación de esa ley. Esa interpretación de la Ley de Caducidad serviría para abrir una brecha en la impunidad y así poder enviar a la Justicia a algunos militares que cometieron violaciones de los Derechos Humanos durante la pasada dictadura.

Incluso se aprovecharon algunos resquicios que deja la propia Ley de Caducidad para no dejar impunes ciertos delitos. Todos los gobiernos anteriores, ante la consulta del Poder Judicial, decían que tal o cual caso estaba amparado por la Ley de Caducidad, obligando a los jueces a no abrir una investigación (menos aún un proceso o una condena). En cambio, el Dr. Tabaré Vázquez, ante una consulta de un juez, indicó que los casos de Simón Gatti Mendez, Gerardo Gatti y Washington Barrios no estaban comprendidos en la Ley de Caducidad y podían ser investigados a nivel judicial

Ese proyecto de interpretación de la Ley de Caducidad fue apoyado por todos los sectores del Frente Amplio, por los dirigentes sindicales e incluso por las asociaciones de derechos humanos. Sólo los dirigentes del Partido Nacional y del Partido Colorado, artífices de la impunidad, se pusieron directamente en contra de ese proyecto. Previsible... y hasta esperable.

Los restos de desaparecidos hallados en una chacra en Pando no sólo acercaron una prueba física de los aberrantes delitos que cometieron los militares y que hasta ahora sólo se podían conocer por boca de sobrevivientes o familiares. Demostraron también que la desaparición de alrededor de 200 uruguayos no necesariamente tendría que ser eterna y que muchos militares tienen las pruebas y el conocimiento del destino de esas personas.

El hallazgo de esos huesos dio pie para que los "cara de piedra" blancos y colorados dijeran que ahora no era necesario realizar ninguna interpretación de la Ley de Caducidad, como si ese descubrimiento hubiera sido "posible" gracias a esa ley. Lo único que hizo "posible" esa ley fue que esos huesos demoraran 30 años en ser descubiertos y que sólo se pudieran hallar - hasta ahora - los restos de dos detenidos-desaparecidos. Mientras tanto, decenas y decenas de torturadores y asesinos pasean libremente por las calles.

Pero... si se puede dar un paso adelante... ¿por qué no dos? Es por esto que comenzó a gestarse una nueva propuesta: anular o derogar la Ley de Caducidad. Muchos son los argumentos a favor de esta posibilidad. Uno de los más relevantes plantea que si se llegara a interpretar la Ley de Caducidad, se la estaría aceptando como válida y luego se haría imposible su derogación o anulación. También indican que en el proyecto interpretativo, algunos artículos no serían necesariamente "interpretativos" sino "modificativos", ergo, terminarían beneficiando ("la ley más benigna") a los acusados.

La organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos indicó que la Ley de Caducidad es en la actualidad más inmoral que antes y "todos los mecanismos de nulidad y de pérdida de efectividad de esa ley son buenos para cumplir con nuestro objetivo de encontrar la Verdad y Justicia".

A nivel político, la posibilidad de anular o derogar la Ley de Caducidad ha generado una brecha y una diversidad de opiniones. Obviamente, los dirigentes blancos y colorados pusieron el grito en el cielo y ya se están oponiendo tenazmente. Seguramente ahora deben estar viendo con buenos ojos hasta el proyecto de interpretación...

Enrique Rubio (Vertiente Artiguista) es partidario del proyecto interpretativo porque estima que probablemente la anulación no pueda ser lograda. El legislador indicó que "...la anulación puede analizarse en el futuro, pero quizá equivalga a la nada porque inmediatamente –aunque fuera en el error– se van a interponer las teorías de ‘cosa juzgada’, ‘prescripción’, ‘inconstitucionalidad’, y otras". Igualmente, no cierra todas las puertas, ya que agrega que "...para el futuro no descarto nada, incluso anular, pero en lo personal sostengo que eso debería ocurrir en circunstancias políticas donde se diera un pronunciamiento ciudadano".

José Korzeniak (Partido Socialista) tiene una postura similar, opinando que el Parlamento no tiene potestades para anular una ley que fue refrendada por la mayoría de la ciudadanía.

Por el contrario, Rafael Michelini (Nuevo Espacio) opina que aprobar la ley interpretativa podría ser un "error político" en este momento, ya que eso haría casi imposible una futura anulación o derogación. El Nuevo Espacio considera que es "mejor esperar" y analizar la anulación o derogación a partir de Febrero del 2006. Al respecto, Rafael Michelini indicó a la prensa que "el propósito es luchar contra la impunidad, y por eso lo importante es eliminar flaquezas jurídicas que quizá dentro de 6 meses nos traben el objetivo final: que en Uruguay se haga justicia".

En una línea similar se encuentran el Partido Comunista y el Movimiento de Participación Popular. Por un lado, el Partido Comunista indica que la interpretación de la Ley de Caducidad podría ser un camino intermedio, pero siempre declarándose a favor de la anulación. Por su parte, varios dirigentes del Movimiento de Participación Popular sugieren que es mejor estudiar más a fondo el tema y sopesar las ventajas y desventajas de cada propuesta. El senador Alberto Breccia dijo que una posibilidad podría ser "aprobar primero la interpretativa y luego la anulatoria", pero plantea dudas ya que considera que la interpretación de la Ley de Caducidad terminaría ratificando su validez. Luis Rosadilla y Carlos Gamou, también del Movimiento de Partipación Popular, proponen que se forme una comisión de legisladores del Frente Amplio para analizar este tema y no cerrarlo justo a una semana de concluir el año legislativo.

¿Anular? ¿Derogar? ¿Puede el Parlamento Nacional destruir una ley que fue refrendada por el propio pueblo? Hasta hoy, todos los intentos de plebiscitos fueron creados, organizados, defendidos y llevados adelante por el pueblo, siempre con el gobierno de turno en contra. ¿No será hora que los dirigentes frenteamplistas vuelvan a pedir la opinión del pueblo, esta vez desde la posición de gobierno y no desde la oposición? Así como los orientales dejaron de creer en los espejitos de colores que le vendían los blancos y colorados en cada campaña electoral, seguramente también dejaron de creer en el "cuco" que se usó en la época del Voto Verde.

El jurista Martín Risso dijo que "hay cosas compartibles del proyecto (de interpretación de la Ley de Caducidad) en donde no hay ningún tipo de infracción jurídica y convenientes, como por ejemplo, la Ley de Caducidad no decía cuándo empezaba el período de caducidad y siempre se entendió que coincidía con la dictadura se aclararía que es el 27 de junio de 1973".

Martín Risso alerta que, si se hila muy fino, se puede encontrar que el proyecto interpretativo es - en realidad - en parte modificativo y eso evitaría que pueda usarse el efecto retroactivo. Martín Risso manifestó que "hay un par de modificaciones que no son interpretativos sino modificativos, y en ese caso el efecto retroactivo sería inconstitucional".

Aludió a "la exclusión de los mandos" y las causales para funcionar que eran la del móvil político o en ocasión de los servicios, "y lo que hace este proyecto de ley es acumularlas, y acá se restringe el ámbito de la caducidad y habría una inconstitucionalidad por el efecto retroactivo".

Manifestó que el tema "más complejo" desde el punto de vista jurídico es el artículo 5º que dice que "los pronunciamientos del Poder Judicial no hacen cosa juzgada y pueden revisarse".

Una interpretación es compartiendo esta posición muy razonable de la SCJ "de que hace cosa juzgada, y en ese caso no cabe duda que habría una inconstitucionalidad".

"Lo que creo que aún cuando no haya cosa juzgada, de todas formas este proyecto de ley implicaría una intromisión indebida en el funcionamiento del Poder Judicial", señaló.

La interpretación de la Ley de Caducidad podría llegar a ser un bumeran muy peligroso, según algunos especialistas. Esto se debe a que, si se llegara a "interpretar" la Ley de Caducidad, se podría aducir después que esa ley es "legal" y no pasible de ser anulada o derogada.

Es por esto que varias organizaciones están presentado una postura más directa y efectiva: declarar completamente nula la Ley de Caducidad.

La Comisión de Constitución y Legislación del Senado finalizará hoy la ronda de consultas que evalúan el proyecto de interpretación de la Ley de Caducidad. En el día de ayer asistieron a la Comisión asistieron la ex presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Jacinta Balbela, el representante de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Javier Miranda, el constitucionalista Horacio Cassinelli Muñoz, el especialista en Derecho Internacional, Oscar López Goldaracena, y el constitucionalista Martín Risso.

Oscar López Goldaracena indicó que "La ley interpretativa está viciada absolutamente de nulidad por estar viciada absolutamente de nulidad la Ley de Caducidad". Según López Goldaracena "no pueden ampararse a crímenes contra la humanidad en una ley que obstaculice o impida su juzgamiento. Si lo que ocurrió en el Uruguay fueron crímenes de lesa humanidad se debe proceder a castigar a sus culpables, eso es lo que dispone el Derecho Internacional en materia de Derechos Humanos".

Por lo tanto, "la opción a nuestro criterio no sería de ley interpretativa sino que sería de una ley anulatoria que declarara inexistente y sin efecto la Ley de Caducidad".

Por su parte, el Doctor Javier Miranda: "Cualquiera sea el camino que se elija para derrotar la impunidad jurídica que se ha instalado en este país, es un camino bien mirado por Familiares". "Si el camino es una ley interpretativa, bienvenida sea. Si el camino es la anulación de la Ley de Caducidad, bienvenida sea. Si el camino es la recta aplicación de la Ley de Caducidad que permita sin duda sancionar a los responsables de las violaciones a los Derechos Humanos ocurridas en el pasado reciente, también bienvenido. El objeto debe ser para nosotros derrotar esta impunidad", manifestó Miranda.

Mientras que Cassinelli Muñoz dijo que "La Ley de Caducidad está redactada en forma defectuosa", Jacinta Balbela fue terminante: "La Ley de Caducidad es inconstitucional".

Mientras tanto, el PIT-CNT comenzará una campaña tendiente a la derogación de la norma, el 22 de diciembre. Uno de sus dirigentes, Luis Puig, sostuvo que el proyecto interpretativo del gobierno "está viciado de nulidad" porque la Ley "que pretende interpretar es contraria al Derecho Internacional, a los Derechos Humanos y ha sido condenada en diferentes ámbitos".