Caducar La Ley

El jurista Martín Risso dijo que "hay cosas compartibles del proyecto (de interpretación de la Ley de Caducidad) en donde no hay ningún tipo de infracción jurídica y convenientes, como por ejemplo, la Ley de Caducidad no decía cuándo empezaba el período de caducidad y siempre se entendió que coincidía con la dictadura se aclararía que es el 27 de junio de 1973".

Martín Risso alerta que, si se hila muy fino, se puede encontrar que el proyecto interpretativo es - en realidad - en parte modificativo y eso evitaría que pueda usarse el efecto retroactivo. Martín Risso manifestó que "hay un par de modificaciones que no son interpretativos sino modificativos, y en ese caso el efecto retroactivo sería inconstitucional".

Aludió a "la exclusión de los mandos" y las causales para funcionar que eran la del móvil político o en ocasión de los servicios, "y lo que hace este proyecto de ley es acumularlas, y acá se restringe el ámbito de la caducidad y habría una inconstitucionalidad por el efecto retroactivo".

Manifestó que el tema "más complejo" desde el punto de vista jurídico es el artículo 5º que dice que "los pronunciamientos del Poder Judicial no hacen cosa juzgada y pueden revisarse".

Una interpretación es compartiendo esta posición muy razonable de la SCJ "de que hace cosa juzgada, y en ese caso no cabe duda que habría una inconstitucionalidad".

"Lo que creo que aún cuando no haya cosa juzgada, de todas formas este proyecto de ley implicaría una intromisión indebida en el funcionamiento del Poder Judicial", señaló.

El PIT-CNT comenzará una campaña tendiente a la derogación de la norma, el 22 de diciembre. Uno de sus dirigentes, Luis Puig, sostuvo que el proyecto interpretativo del gobierno "está viciado de nulidad" porque la Ley "que pretende interpretar es contraria al Derecho Internacional, a los Derechos Humanos y ha sido condenada en diferentes ámbitos".

Los dirigentes sindicales señalaron que los hallazgos de restos humanos de la semana pasada "son un avance hacia la verdad", pero advierten que "también es necesario avanzar hacia la Justicia".

"Ninguna sociedad sana puede construirse sobre la impunidad de quienes no tuvieron ningún prurito en secuestrar niños, en torturar hombres y mujeres hasta la muerte, en enterramientos clandestinos, traslados desde distintos países de la región, para imponer un régimen de terror que afectó al conjunto de la población", sostuvo Luis Puig, integrante de la Secretaría de Derechos Humanos de la central sindical.

Además de la marcha, el PIT-CNT está organizando un homenaje a los desaparecidos cuyos cuerpos fueron encontrados la semana pasada. "Una vez terminadas las pericias técnicas y coordinados con sus familiares, vamos a convocar al conjunto de los uruguayos a acompañar un sepelio rodeado por el pueblo. Vamos a organizar un gran homenaje de nuestro pueblo acompañando a los compañeros hacia el cementerio en que sean enterrados", agregó Luis Puig.

Hoy concurrirán a la Comisión de Constitución del Senado los delegados del PIT-CNT, para quienes se trata de "una ley interpretativa que tiene intenciones y aspectos muy negativos. Está viciada de nulidad porque la Ley de Caducidad que pretende interpretar es una ley contraria al Derecho Internacional, contraria a los Derechos Humanos, que ha sido condenada en diferentes ámbitos".

El semanario Brecha se definió claramente a favor de anular la Ley de Caducidad. Y lo presenta en el artículo “Írritos, nulos, disueltos y sin ningún valor para siempre...” publicado en la edición de la semana pasada, el cual transcribimos.

Vamos a decirlo desde la primera línea: nos disponemos a defender la anulación de la ley de impunidad.

Puesto que no somos juristas, no empleamos el término anulación como propuesta de acción jurídica, pero sí en un sentido de acción política que abandone el enmarañado camino del menudeo que intenta, desde hace demasiados años, rescatar unas gotas de verdad y justicia.

Serán los juristas comprometidos con el respeto por los derechos humanos quienes elaboren una propuesta de acción precisa que conforme a quienes, como los integrantes del cuerpo de redacción de BRECHA, sostenemos que llegó el momento de abandonar el minimalismo pragmático en materia de derechos humanos para dar paso a una acción basada en el imperativo ético de investigar y hacer justicia.

Entendemos que se trata de una cuestión controversial.

Pero es justamente en la controversia que el Estado tiene la obligación de optar por una interpretación que abra los caminos a la acción y no como lo ha hecho hasta ahora, por interpretaciones de bloqueo.

No es sólo la parte más reaccionaria de la sociedad la que considera que la ley de impunidad es intocable. También lo hacen aquellos que ignoran que el derecho internacional cuestiona radicalmente la facultad legislativa de amnistiar delitos de lesa humanidad, como la tortura y la desaparición forzada. O quienes consideran que una ley es independiente de las condiciones históricas en que fue creada. Hoy, el resultado del plebiscito de 1989 sería seguramente muy distinto, a la triste pero potente luz de lo que se sabe, se reconoce y se encuentra.

En 1989 no se reconocía siquiera la existencia de desaparecidos, no se pronunciaba la palabra dictadura en los medios de comunicación, un spot en el que Sara Méndez informaba sobre el secuestro de su hijo fue censurado... Hoy no sólo se habla abiertamente de desaparecidos, torturas y huesos de prisioneros enterrados en cuarteles, sino que hay reconocimiento oficial al respecto, se informa la existencia de transferencia de prisioneros desde otros países y de su posterior exterminio (los vuelos), se busca el cuerpo de la madre asesinada (María Claudia García) después del robo de su hija (Macarena); se encuentran huesos humanos en predios militares. No es descabellado pensar, con todo respeto por la Constitución, que estamos ante un momento constitucional distinto.

Hasta el pasado 31 de octubre todos los gobiernos posdictadura evidenciaron una absoluta falta de compromiso con su obligación de garantizar el derecho a la verdad y la justicia de los familiares y conciudadanos de las víctimas, así como de las víctimas sobrevivientes.

Los crímenes de la dictadura no son cosa del pasado. Pesan diariamente en la vida ciudadana, en las familias, en los individuos, su ascendencia y su descendencia.

La espera ha sido muy larga y penosa. Los familiares de desaparecidos primero y otras organizaciones de derechos humanos luego transitaron una etapa en la que sus reclamos chocaron contra muros de silencio y hostilidad, y en la que fueron elaborando una suerte de “estrategia de intersticios”, de buscar donde la ley de impunidad dejara una ranura, un orificio, para intentar algún paso en la búsqueda de la verdad.

En esa lógica del goteo, hasta los más consecuentes luchadores por la verdad se enredaron alguna vez en la maraña de argucias para rescatar una brizna de justicia.

Durante años se intentó arrastrar fuera la ley a una u otra de las víctimas: Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, María Claudia García, Elena Quinteros...

La Comisión para la Paz dio un paso importante en el reconocimiento de la responsabilidad del Estado en los crímenes de desaparición, tortura y asesinatos de uruguayos. Pero no aportó información sobre el destino de los desaparecidos ni sobre los responsables de su suerte. No hay un solo civil ni militar de la dictadura preso por los delitos de torturas, desaparición y asesinatos, a pesar de que hoy ni las Fuerzas Armadas niegan la existencia de tales delitos.

Con el triunfo del Frente Amplio en las elecciones hubo un instante de feliz esperanza. Ahora sí se avanzaría en la investigación, se conocería el destino de los desaparecidos, se recuperarían los amados cuerpos... Se ingresó a los cuarteles, se exigió informes a los mandos, se iniciaron las excavaciones en busca de los restos.

Pero el nuevo tiempo político traería otras racionalidades, en particular la nueva doxa del pragmatismo. Y la vuelta al menudeo en el tema derechos humanos. La calidad de “permanente e imprescriptible” del delito de desaparición no debería quedar subordinada a la aparición de cuerpos, como señaló el presidente Vázquez.

La alternativa a la impunidad en este nuevo escenario no puede ser un nuevo remiendo que sirva para seguir postergando la verdad.

Entendemos que la formulación, obviamente bien intencionada, de una ley interpretativa de la ley de impunidad, será un nuevo remiendo o postergación que chocará con la inequívoca actitud de los jueces, contraria a la investigación y a la sanción de los (de esos) delitos.

Por todo esto, el cuerpo de periodistas de BRECHA llama a los uruguayos que están en el país y a los que están diseminados por el mundo a expresar su voluntad de poner fin, frontalmente, a la impunidad.

La alternativa será legal, se llamará anulación o inaplicabilidad –por muchos caminos se puede llegar a Roma–, incluirá respuestas a los argumentos acumulados durante décadas para impedir la investigación y la sanción de los delitos citados.

Pero esta vez la alternativa elegida debe declarar explícitamente “írritos, nulos, disueltos y de ningún valor para siempre” todos los actos de validación de la impunidad “arrancados a los pueblos” mediante campañas intimidatorias y ocultamiento de la verdad.

La interpretación de la Ley de Caducidad podría llegar a ser un bumeran muy peligroso, según algunos especialistas. Esto se debe a que, si se llegara a "interpretar" la Ley de Caducidad, se podría aducir después que esa ley es "legal" y no pasible de ser anulada o derogada.

Es por esto que varias organizaciones están presentado una postura más directa y efectiva: declarar completamente nula la Ley de Caducidad.

La Comisión de Constitución y Legislación del Senado finalizará hoy la ronda de consultas que evalúan el proyecto de interpretación de la Ley de Caducidad. En el día de ayer asistieron a la Comisión asistieron la ex presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Jacinta Balbela, el representante de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Javier Miranda, el constitucionalista Horacio Cassinelli Muñoz, el especialista en Derecho Internacional, Oscar López Goldaracena, y el constitucionalista Martín Risso.

Oscar López Goldaracena indicó que "La ley interpretativa está viciada absolutamente de nulidad por estar viciada absolutamente de nulidad la Ley de Caducidad". Según López Goldaracena "no pueden ampararse a crímenes contra la humanidad en una ley que obstaculice o impida su juzgamiento. Si lo que ocurrió en el Uruguay fueron crímenes de lesa humanidad se debe proceder a castigar a sus culpables, eso es lo que dispone el Derecho Internacional en materia de Derechos Humanos".

Por lo tanto, "la opción a nuestro criterio no sería de ley interpretativa sino que sería de una ley anulatoria que declarara inexistente y sin efecto la Ley de Caducidad".

Por su parte, el Doctor Javier Miranda: "Cualquiera sea el camino que se elija para derrotar la impunidad jurídica que se ha instalado en este país, es un camino bien mirado por Familiares". "Si el camino es una ley interpretativa, bienvenida sea. Si el camino es la anulación de la Ley de Caducidad, bienvenida sea. Si el camino es la recta aplicación de la Ley de Caducidad que permita sin duda sancionar a los responsables de las violaciones a los Derechos Humanos ocurridas en el pasado reciente, también bienvenido. El objeto debe ser para nosotros derrotar esta impunidad", manifestó Miranda.

Mientras que Cassinelli Muñoz dijo que "La Ley de Caducidad está redactada en forma defectuosa", Jacinta Balbela fue terminante: "La Ley de Caducidad es inconstitucional".

Mientras tanto, el PIT-CNT comenzará una campaña tendiente a la derogación de la norma, el 22 de diciembre. Uno de sus dirigentes, Luis Puig, sostuvo que el proyecto interpretativo del gobierno "está viciado de nulidad" porque la Ley "que pretende interpretar es contraria al Derecho Internacional, a los Derechos Humanos y ha sido condenada en diferentes ámbitos".