Caducar La Ley

Hace unos días el Ministro del Interior, José Díaz, había anunciado que el gobierno estaba evaluando la posibilidad de anular la Ley de Caducidad. Sin embargo, varios jerarcas negaron esa posibilidad.

El vicepresidente Rodolfo Nin Novoa negó que el gobierno esté evaluando en este momento anular la Ley de Caducidad, pero aclaró que coincide con José Díaz en que es un tema defendible. Aclaró que "...es opinable y debatible, pero desde el punto de vista político también están los compromisos electorales que la fuerza asumió y que está empeñada en mantener. Si la decisión, que además está avalada por un congreso, se evalúa, tiene que evaluarse desde las raíces; toda la fuerza política debería opinar sobre el tema".

La ministra de Defensa, Azucena Berruti, dijo que se "está muy lejos todavía" de "concretarse criterios definitivos" para una anulación de la ley y que el tema se está discutiendo en el ámbito parlamentario.

El senador Enrique Rubio afirmó que el gobierno solamente aceptaría la anulación a través de un nuevo plebiscito y dijo que "no creo que pueda ser revisada la Ley de Caducidad para anularla si no es por la vía de un pronunciamiento ciudadano de las mismas características que aquel que respaldó una ley, que nosotros nunca compartimos, pero que dijimos en aquel momento: vamos a respetar el resultado electoral".

El ex senador del Foro Batllista, Ruben Correa Freitas, afirmó que en Uruguay no se puede anular una ley ya que ese recurso no está contemplado en la Constitución.

Agregó que tampoco se puede alegar la “nulidad” de una norma porque ese instituto no existe en nuestro derecho y tampoco en el comparado.

Con un paro general parcial y posterior concentración en el Obelisco, el PIT-CNT iniciará el próximo 22 de diciembre una campaña en procura de la anulación de la Ley de Caducidad. También habrá actividades similares el mismo día en distintos países de Europa.

Según lo resuelto por unanimidad por la Mesa Representativa de la central obrera, la detención de tareas se verificará desde las 10 hasta las 13 horas. A las 11 de la mañana tendrá lugar la lectura de una proclama al pie del Obelisco y posteriormente se desarrollará un espectáculo artístico con la participación de distintos conjuntos.

Está confirmada la presencia del dúo Larbanois-Carrero y probablemente también actúe el grupo de rock La Trampa.

En el correr de los próximos días se irán confirmando actividades en distintas ciudades del interior del país. En tanto, ya están fijadas concentraciones en ciudades de Francia, Suiza y Suecia.

La Justicia deberá investigar el acribillamiento por parte de la Fuerzas Conjuntas, el 21 de abril de 1974, de Silvia Reyes, la esposa del desaparecido Washington Barrios, secuestrado en Córdoba el 17 de setiembre del mismo año, y de sus dos amigas Laura Raggio y Diana Maidanick.

También se habilitó hacer lugar a las diligencias probatorias solicitadas, mediante exhorto, por el juez federal argentino Norberto Oyarbide sobre el crimen de la ciudadana argentina María Claudia García de Gelman.

El Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ) presentó su informe sobre derechos humanos en Uruguay 2005, en el cual reclama la anulación de la Ley de Caducidad.

Guillermo Payseé, abogado de SERPAJ, dijo en una rueda de prensa que «la Ley de Caducidad debe ser anulada y no derogada» y que esa norma «hizo confundir el terreno del Poder Judicial, porque por salvaguardar lo que en aquel momento era un desacato de militares, terminó atentando contra la Constitución de la República y contra la división de poderes».

Por otra parte, los arqueólogos retomaron ayer las excavaciones en busca de restos de desaparecidos en la chacra de Pando y en los batallones 13 y 14 de Infantería.

Dice un refrán que "la política es el arte de lo posible". Sin embargo, el Frente Amplio logró demostrar que incluso lo imposible, a veces, puede ser posible.

Luego de la derrota del voto verde, todo parecía indicar que la impunidad iba a triunfar y que la verdad y la justicia serían una utopía (otra más...). Los gobiernos de Julio María Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle y Jorge Batlle hicieron todo lo que estaba a su alcance, y un poco más, para que la Ley de Caducidad controlara y reprimiera la búsqueda de la verdad. Estiraron la ley cubriendo delitos que - en teoría - no podían ser impunes ni siquiera con esa propia ley. Nunca investigaron seriamente el destino final de los detenidos desaparecidos, no movieron un dedo para intentar recuperar a los bebés y niños secuestrados en la época de la dictadura y tampoco llevaron a la justicia los delitos que específicamente la Ley de Caducidad no amparaba, como los asesinatos de Zelmar Michelini y Gutierrez Ruiz, los delitos económicos y los delitos cometidos en el exterior.

Luego de la derrota del voto verde, incluso la mayoría de los dirigentes del Frente Amplio decidió apoyar la "decisión soberana" del pueblo uruguayo, olvidando que la campaña por la recolección de firmas y el posterior plebiscito fue una lucha desigual, muy desigual. Mientras se prohibía un spot televisivo de Sara Mendez (que "osaba" mencionar un caso de desaparecidos), todo el aparato de gobierno se dedicó a asustar a la población (el famoso "y después... ¿qué?") y a apoyar el voto amarillo.

Es verdad, el pueblo no se equivoca. Pero si las condiciones (sociales, políticas, etc.) no son las mismas que a mediados de los 80 (con militares encajonando los requerimientos judiciales en una caja fuerte), entonces el pueblo tiene todo el derecho de cambiar su posición.

El Frente Amplio, ahora en el gobierno, está cumpliendo con la promesa empeñada. Tabaré Vázquez se comprometió con los familiares de detenidos desparecidos a investigar el destino de las víctimas de la dictadura militar y lo está cumpliendo. También está aceptando que los militares que son requeridos por otros países puedan ser juzgados por los delitos que cometieron en el extranjero.

Durante un acto realizado en el Memorial de los Desaparecidos, la organización de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos dijo que "...con la llegada del nuevo gobierno se ha conformado un nuevo escenario político con nuevas expectativas y nuevas esperanzas..." y que las promesas del Dr. Tabaré Vázquez se han cumplido.

Todo esto forma parte de la búsqueda de la Verdad.

¿Y la Justicia?

A pesar que el Frente Amplio había decidido ya hace años aceptar la "decisión soberana" y no tocar la Ley de Caducidad, desde el propio gobierno se presentó la propuesta de realizar una interpretación de esa ley. Esa interpretación de la Ley de Caducidad serviría para abrir una brecha en la impunidad y así poder enviar a la Justicia a algunos militares que cometieron violaciones de los Derechos Humanos durante la pasada dictadura.

Incluso se aprovecharon algunos resquicios que deja la propia Ley de Caducidad para no dejar impunes ciertos delitos. Todos los gobiernos anteriores, ante la consulta del Poder Judicial, decían que tal o cual caso estaba amparado por la Ley de Caducidad, obligando a los jueces a no abrir una investigación (menos aún un proceso o una condena). En cambio, el Dr. Tabaré Vázquez, ante una consulta de un juez, indicó que los casos de Simón Gatti Mendez, Gerardo Gatti y Washington Barrios no estaban comprendidos en la Ley de Caducidad y podían ser investigados a nivel judicial

Ese proyecto de interpretación de la Ley de Caducidad fue apoyado por todos los sectores del Frente Amplio, por los dirigentes sindicales e incluso por las asociaciones de derechos humanos. Sólo los dirigentes del Partido Nacional y del Partido Colorado, artífices de la impunidad, se pusieron directamente en contra de ese proyecto. Previsible... y hasta esperable.

Los restos de desaparecidos hallados en una chacra en Pando no sólo acercaron una prueba física de los aberrantes delitos que cometieron los militares y que hasta ahora sólo se podían conocer por boca de sobrevivientes o familiares. Demostraron también que la desaparición de alrededor de 200 uruguayos no necesariamente tendría que ser eterna y que muchos militares tienen las pruebas y el conocimiento del destino de esas personas.

El hallazgo de esos huesos dio pie para que los "cara de piedra" blancos y colorados dijeran que ahora no era necesario realizar ninguna interpretación de la Ley de Caducidad, como si ese descubrimiento hubiera sido "posible" gracias a esa ley. Lo único que hizo "posible" esa ley fue que esos huesos demoraran 30 años en ser descubiertos y que sólo se pudieran hallar - hasta ahora - los restos de dos detenidos-desaparecidos. Mientras tanto, decenas y decenas de torturadores y asesinos pasean libremente por las calles.

Pero... si se puede dar un paso adelante... ¿por qué no dos? Es por esto que comenzó a gestarse una nueva propuesta: anular o derogar la Ley de Caducidad. Muchos son los argumentos a favor de esta posibilidad. Uno de los más relevantes plantea que si se llegara a interpretar la Ley de Caducidad, se la estaría aceptando como válida y luego se haría imposible su derogación o anulación. También indican que en el proyecto interpretativo, algunos artículos no serían necesariamente "interpretativos" sino "modificativos", ergo, terminarían beneficiando ("la ley más benigna") a los acusados.

La organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos indicó que la Ley de Caducidad es en la actualidad más inmoral que antes y "todos los mecanismos de nulidad y de pérdida de efectividad de esa ley son buenos para cumplir con nuestro objetivo de encontrar la Verdad y Justicia".

A nivel político, la posibilidad de anular o derogar la Ley de Caducidad ha generado una brecha y una diversidad de opiniones. Obviamente, los dirigentes blancos y colorados pusieron el grito en el cielo y ya se están oponiendo tenazmente. Seguramente ahora deben estar viendo con buenos ojos hasta el proyecto de interpretación...

Enrique Rubio (Vertiente Artiguista) es partidario del proyecto interpretativo porque estima que probablemente la anulación no pueda ser lograda. El legislador indicó que "...la anulación puede analizarse en el futuro, pero quizá equivalga a la nada porque inmediatamente –aunque fuera en el error– se van a interponer las teorías de ‘cosa juzgada’, ‘prescripción’, ‘inconstitucionalidad’, y otras". Igualmente, no cierra todas las puertas, ya que agrega que "...para el futuro no descarto nada, incluso anular, pero en lo personal sostengo que eso debería ocurrir en circunstancias políticas donde se diera un pronunciamiento ciudadano".

José Korzeniak (Partido Socialista) tiene una postura similar, opinando que el Parlamento no tiene potestades para anular una ley que fue refrendada por la mayoría de la ciudadanía.

Por el contrario, Rafael Michelini (Nuevo Espacio) opina que aprobar la ley interpretativa podría ser un "error político" en este momento, ya que eso haría casi imposible una futura anulación o derogación. El Nuevo Espacio considera que es "mejor esperar" y analizar la anulación o derogación a partir de Febrero del 2006. Al respecto, Rafael Michelini indicó a la prensa que "el propósito es luchar contra la impunidad, y por eso lo importante es eliminar flaquezas jurídicas que quizá dentro de 6 meses nos traben el objetivo final: que en Uruguay se haga justicia".

En una línea similar se encuentran el Partido Comunista y el Movimiento de Participación Popular. Por un lado, el Partido Comunista indica que la interpretación de la Ley de Caducidad podría ser un camino intermedio, pero siempre declarándose a favor de la anulación. Por su parte, varios dirigentes del Movimiento de Participación Popular sugieren que es mejor estudiar más a fondo el tema y sopesar las ventajas y desventajas de cada propuesta. El senador Alberto Breccia dijo que una posibilidad podría ser "aprobar primero la interpretativa y luego la anulatoria", pero plantea dudas ya que considera que la interpretación de la Ley de Caducidad terminaría ratificando su validez. Luis Rosadilla y Carlos Gamou, también del Movimiento de Partipación Popular, proponen que se forme una comisión de legisladores del Frente Amplio para analizar este tema y no cerrarlo justo a una semana de concluir el año legislativo.

¿Anular? ¿Derogar? ¿Puede el Parlamento Nacional destruir una ley que fue refrendada por el propio pueblo? Hasta hoy, todos los intentos de plebiscitos fueron creados, organizados, defendidos y llevados adelante por el pueblo, siempre con el gobierno de turno en contra. ¿No será hora que los dirigentes frenteamplistas vuelvan a pedir la opinión del pueblo, esta vez desde la posición de gobierno y no desde la oposición? Así como los orientales dejaron de creer en los espejitos de colores que le vendían los blancos y colorados en cada campaña electoral, seguramente también dejaron de creer en el "cuco" que se usó en la época del Voto Verde.

El senador socialista José Korzeniak dijo que sin la intervención del cuerpo electoral "el parlamento no puede derogar, ni anular la ley de Caducidad" y que "el cuerpo electoral esta por encima de los poderes del Estado".

Así mismo señaló que el camino para la anulación sería un plebiscito por iniciativa popular.

 

El jurista Martín Risso dijo que "hay cosas compartibles del proyecto (de interpretación de la Ley de Caducidad) en donde no hay ningún tipo de infracción jurídica y convenientes, como por ejemplo, la Ley de Caducidad no decía cuándo empezaba el período de caducidad y siempre se entendió que coincidía con la dictadura se aclararía que es el 27 de junio de 1973".

Martín Risso alerta que, si se hila muy fino, se puede encontrar que el proyecto interpretativo es - en realidad - en parte modificativo y eso evitaría que pueda usarse el efecto retroactivo. Martín Risso manifestó que "hay un par de modificaciones que no son interpretativos sino modificativos, y en ese caso el efecto retroactivo sería inconstitucional".

Aludió a "la exclusión de los mandos" y las causales para funcionar que eran la del móvil político o en ocasión de los servicios, "y lo que hace este proyecto de ley es acumularlas, y acá se restringe el ámbito de la caducidad y habría una inconstitucionalidad por el efecto retroactivo".

Manifestó que el tema "más complejo" desde el punto de vista jurídico es el artículo 5º que dice que "los pronunciamientos del Poder Judicial no hacen cosa juzgada y pueden revisarse".

Una interpretación es compartiendo esta posición muy razonable de la SCJ "de que hace cosa juzgada, y en ese caso no cabe duda que habría una inconstitucionalidad".

"Lo que creo que aún cuando no haya cosa juzgada, de todas formas este proyecto de ley implicaría una intromisión indebida en el funcionamiento del Poder Judicial", señaló.

El PIT-CNT comenzará una campaña tendiente a la derogación de la norma, el 22 de diciembre. Uno de sus dirigentes, Luis Puig, sostuvo que el proyecto interpretativo del gobierno "está viciado de nulidad" porque la Ley "que pretende interpretar es contraria al Derecho Internacional, a los Derechos Humanos y ha sido condenada en diferentes ámbitos".

Los dirigentes sindicales señalaron que los hallazgos de restos humanos de la semana pasada "son un avance hacia la verdad", pero advierten que "también es necesario avanzar hacia la Justicia".

"Ninguna sociedad sana puede construirse sobre la impunidad de quienes no tuvieron ningún prurito en secuestrar niños, en torturar hombres y mujeres hasta la muerte, en enterramientos clandestinos, traslados desde distintos países de la región, para imponer un régimen de terror que afectó al conjunto de la población", sostuvo Luis Puig, integrante de la Secretaría de Derechos Humanos de la central sindical.

Además de la marcha, el PIT-CNT está organizando un homenaje a los desaparecidos cuyos cuerpos fueron encontrados la semana pasada. "Una vez terminadas las pericias técnicas y coordinados con sus familiares, vamos a convocar al conjunto de los uruguayos a acompañar un sepelio rodeado por el pueblo. Vamos a organizar un gran homenaje de nuestro pueblo acompañando a los compañeros hacia el cementerio en que sean enterrados", agregó Luis Puig.

Hoy concurrirán a la Comisión de Constitución del Senado los delegados del PIT-CNT, para quienes se trata de "una ley interpretativa que tiene intenciones y aspectos muy negativos. Está viciada de nulidad porque la Ley de Caducidad que pretende interpretar es una ley contraria al Derecho Internacional, contraria a los Derechos Humanos, que ha sido condenada en diferentes ámbitos".

El semanario Brecha se definió claramente a favor de anular la Ley de Caducidad. Y lo presenta en el artículo “Írritos, nulos, disueltos y sin ningún valor para siempre...” publicado en la edición de la semana pasada, el cual transcribimos.

Vamos a decirlo desde la primera línea: nos disponemos a defender la anulación de la ley de impunidad.

Puesto que no somos juristas, no empleamos el término anulación como propuesta de acción jurídica, pero sí en un sentido de acción política que abandone el enmarañado camino del menudeo que intenta, desde hace demasiados años, rescatar unas gotas de verdad y justicia.

Serán los juristas comprometidos con el respeto por los derechos humanos quienes elaboren una propuesta de acción precisa que conforme a quienes, como los integrantes del cuerpo de redacción de BRECHA, sostenemos que llegó el momento de abandonar el minimalismo pragmático en materia de derechos humanos para dar paso a una acción basada en el imperativo ético de investigar y hacer justicia.

Entendemos que se trata de una cuestión controversial.

Pero es justamente en la controversia que el Estado tiene la obligación de optar por una interpretación que abra los caminos a la acción y no como lo ha hecho hasta ahora, por interpretaciones de bloqueo.

No es sólo la parte más reaccionaria de la sociedad la que considera que la ley de impunidad es intocable. También lo hacen aquellos que ignoran que el derecho internacional cuestiona radicalmente la facultad legislativa de amnistiar delitos de lesa humanidad, como la tortura y la desaparición forzada. O quienes consideran que una ley es independiente de las condiciones históricas en que fue creada. Hoy, el resultado del plebiscito de 1989 sería seguramente muy distinto, a la triste pero potente luz de lo que se sabe, se reconoce y se encuentra.

En 1989 no se reconocía siquiera la existencia de desaparecidos, no se pronunciaba la palabra dictadura en los medios de comunicación, un spot en el que Sara Méndez informaba sobre el secuestro de su hijo fue censurado... Hoy no sólo se habla abiertamente de desaparecidos, torturas y huesos de prisioneros enterrados en cuarteles, sino que hay reconocimiento oficial al respecto, se informa la existencia de transferencia de prisioneros desde otros países y de su posterior exterminio (los vuelos), se busca el cuerpo de la madre asesinada (María Claudia García) después del robo de su hija (Macarena); se encuentran huesos humanos en predios militares. No es descabellado pensar, con todo respeto por la Constitución, que estamos ante un momento constitucional distinto.

Hasta el pasado 31 de octubre todos los gobiernos posdictadura evidenciaron una absoluta falta de compromiso con su obligación de garantizar el derecho a la verdad y la justicia de los familiares y conciudadanos de las víctimas, así como de las víctimas sobrevivientes.

Los crímenes de la dictadura no son cosa del pasado. Pesan diariamente en la vida ciudadana, en las familias, en los individuos, su ascendencia y su descendencia.

La espera ha sido muy larga y penosa. Los familiares de desaparecidos primero y otras organizaciones de derechos humanos luego transitaron una etapa en la que sus reclamos chocaron contra muros de silencio y hostilidad, y en la que fueron elaborando una suerte de “estrategia de intersticios”, de buscar donde la ley de impunidad dejara una ranura, un orificio, para intentar algún paso en la búsqueda de la verdad.

En esa lógica del goteo, hasta los más consecuentes luchadores por la verdad se enredaron alguna vez en la maraña de argucias para rescatar una brizna de justicia.

Durante años se intentó arrastrar fuera la ley a una u otra de las víctimas: Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, María Claudia García, Elena Quinteros...

La Comisión para la Paz dio un paso importante en el reconocimiento de la responsabilidad del Estado en los crímenes de desaparición, tortura y asesinatos de uruguayos. Pero no aportó información sobre el destino de los desaparecidos ni sobre los responsables de su suerte. No hay un solo civil ni militar de la dictadura preso por los delitos de torturas, desaparición y asesinatos, a pesar de que hoy ni las Fuerzas Armadas niegan la existencia de tales delitos.

Con el triunfo del Frente Amplio en las elecciones hubo un instante de feliz esperanza. Ahora sí se avanzaría en la investigación, se conocería el destino de los desaparecidos, se recuperarían los amados cuerpos... Se ingresó a los cuarteles, se exigió informes a los mandos, se iniciaron las excavaciones en busca de los restos.

Pero el nuevo tiempo político traería otras racionalidades, en particular la nueva doxa del pragmatismo. Y la vuelta al menudeo en el tema derechos humanos. La calidad de “permanente e imprescriptible” del delito de desaparición no debería quedar subordinada a la aparición de cuerpos, como señaló el presidente Vázquez.

La alternativa a la impunidad en este nuevo escenario no puede ser un nuevo remiendo que sirva para seguir postergando la verdad.

Entendemos que la formulación, obviamente bien intencionada, de una ley interpretativa de la ley de impunidad, será un nuevo remiendo o postergación que chocará con la inequívoca actitud de los jueces, contraria a la investigación y a la sanción de los (de esos) delitos.

Por todo esto, el cuerpo de periodistas de BRECHA llama a los uruguayos que están en el país y a los que están diseminados por el mundo a expresar su voluntad de poner fin, frontalmente, a la impunidad.

La alternativa será legal, se llamará anulación o inaplicabilidad –por muchos caminos se puede llegar a Roma–, incluirá respuestas a los argumentos acumulados durante décadas para impedir la investigación y la sanción de los delitos citados.

Pero esta vez la alternativa elegida debe declarar explícitamente “írritos, nulos, disueltos y de ningún valor para siempre” todos los actos de validación de la impunidad “arrancados a los pueblos” mediante campañas intimidatorias y ocultamiento de la verdad.