Caducar La Ley

Mediante decreto, el Poder Ejecutivo derogó la conmemoración oficial del Día de los Caídos en Defensa de las Instituciones, originada en tiempos de la dictadura y que la actual administración ya había suspendido el año anterior.

El gobierno fundamentó la medida en la necesidad de "sanear cuanto antes la atmósfera que se respira en la comunidad". Desde ese punto de vista, la administración de Tabaré Vázquez entiende que es su propósito "promover, mantener y garantizar la convivencia, el acercamiento y el entendimiento entre los habitantes de la República como instancia fundamental para alcanzar el desarrollo pacífico, cohesivo y armónico de ésta". En ese sentido, sostuvo que "esa perspectiva, en la que sin duda coinciden el ánimo y la voluntad abrumadoramente mayoritarios, puede verse erosionada por actividades oficiales como las consagradas por la norma citada en el encabezamiento".

Los actos oficiales, a los que asistían los comandantes en jefe de las FFAA y líderes políticos, se realizaron cada 14 de abril desde el año 1978, en la Plaza de la Nacionalidad Oriental ­rebautizada en 1985 como Plaza de la Democracia pero siempre más conocida como Plaza de la Bandera-. A partir del restablecimiento institucional en 1985, se cambió la denominación "Día de los Caídos en la Lucha contra la Subversión" por la de "Día de los Caídos en Defensa de las Instituciones", aunque el significado siguió siendo el mismo.

 

El informe del Ejército entregado al presidente Tabaré Vázquez indicaba que los restos del escribano y profesor universitario Fernando Miranda podrían hallarse en el Batallón 14 y no en el Batallón 13 como realmente ocurrió.

La aparición de los restos de Fernando Miranda puso en evidencia que el informe entregado al presidente contiene errores. Fuentes militares consideran que el error se debe a que en 1975 se modificó el lugar en donde se producían los enterramientos de los detenidos muertos por torturas.

La organización Familiares de Desaparecidos explicó que el sepelio de Fernando Miranda se realizará dentro de un mes, ya que no se quiere interferir con los servicios que se brindarán, a mediados de este mes, a los restos de Ubagesner Chávez Sosa.

El obispo de San José, Flores y Florida, presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Pablo Galimberti, abogó porque la sociedad uruguaya llegue a "niveles de encuentro, de reconciliación" ya que "uno no puede vivir con un infierno adentro". En ese sentido defendió a la Ley de Caducidad, pues es un gran "esfuerzo que no hay que desbaratar".

Galimberti manifestó que las FFAA aún se pronuncian con "vacilaciones" sobre estos temas y señaló que el nuevo comandante Carlos Díaz "ha dicho todavía hablar de perdón, no".

"Las Fuerzas Armadas como institución del pueblo uruguayo, del Estado como parte de este pueblo, necesitan asumir una actitud clara, definida, en relación a los derechos humanos; no pueden quedar vacilantes, silenciosas, con un silencio que puede ser cómplice", afirmó. ".

Hace unos días el Ministro del Interior, José Díaz, había anunciado que el gobierno estaba evaluando la posibilidad de anular la Ley de Caducidad. Sin embargo, varios jerarcas negaron esa posibilidad.

El vicepresidente Rodolfo Nin Novoa negó que el gobierno esté evaluando en este momento anular la Ley de Caducidad, pero aclaró que coincide con José Díaz en que es un tema defendible. Aclaró que "...es opinable y debatible, pero desde el punto de vista político también están los compromisos electorales que la fuerza asumió y que está empeñada en mantener. Si la decisión, que además está avalada por un congreso, se evalúa, tiene que evaluarse desde las raíces; toda la fuerza política debería opinar sobre el tema".

La ministra de Defensa, Azucena Berruti, dijo que se "está muy lejos todavía" de "concretarse criterios definitivos" para una anulación de la ley y que el tema se está discutiendo en el ámbito parlamentario.

El senador Enrique Rubio afirmó que el gobierno solamente aceptaría la anulación a través de un nuevo plebiscito y dijo que "no creo que pueda ser revisada la Ley de Caducidad para anularla si no es por la vía de un pronunciamiento ciudadano de las mismas características que aquel que respaldó una ley, que nosotros nunca compartimos, pero que dijimos en aquel momento: vamos a respetar el resultado electoral".

El ex senador del Foro Batllista, Ruben Correa Freitas, afirmó que en Uruguay no se puede anular una ley ya que ese recurso no está contemplado en la Constitución.

Agregó que tampoco se puede alegar la “nulidad” de una norma porque ese instituto no existe en nuestro derecho y tampoco en el comparado.

Con un paro general parcial y posterior concentración en el Obelisco, el PIT-CNT iniciará el próximo 22 de diciembre una campaña en procura de la anulación de la Ley de Caducidad. También habrá actividades similares el mismo día en distintos países de Europa.

Según lo resuelto por unanimidad por la Mesa Representativa de la central obrera, la detención de tareas se verificará desde las 10 hasta las 13 horas. A las 11 de la mañana tendrá lugar la lectura de una proclama al pie del Obelisco y posteriormente se desarrollará un espectáculo artístico con la participación de distintos conjuntos.

Está confirmada la presencia del dúo Larbanois-Carrero y probablemente también actúe el grupo de rock La Trampa.

En el correr de los próximos días se irán confirmando actividades en distintas ciudades del interior del país. En tanto, ya están fijadas concentraciones en ciudades de Francia, Suiza y Suecia.

La Justicia deberá investigar el acribillamiento por parte de la Fuerzas Conjuntas, el 21 de abril de 1974, de Silvia Reyes, la esposa del desaparecido Washington Barrios, secuestrado en Córdoba el 17 de setiembre del mismo año, y de sus dos amigas Laura Raggio y Diana Maidanick.

También se habilitó hacer lugar a las diligencias probatorias solicitadas, mediante exhorto, por el juez federal argentino Norberto Oyarbide sobre el crimen de la ciudadana argentina María Claudia García de Gelman.

El Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ) presentó su informe sobre derechos humanos en Uruguay 2005, en el cual reclama la anulación de la Ley de Caducidad.

Guillermo Payseé, abogado de SERPAJ, dijo en una rueda de prensa que «la Ley de Caducidad debe ser anulada y no derogada» y que esa norma «hizo confundir el terreno del Poder Judicial, porque por salvaguardar lo que en aquel momento era un desacato de militares, terminó atentando contra la Constitución de la República y contra la división de poderes».

Por otra parte, los arqueólogos retomaron ayer las excavaciones en busca de restos de desaparecidos en la chacra de Pando y en los batallones 13 y 14 de Infantería.

Dice un refrán que "la política es el arte de lo posible". Sin embargo, el Frente Amplio logró demostrar que incluso lo imposible, a veces, puede ser posible.

Luego de la derrota del voto verde, todo parecía indicar que la impunidad iba a triunfar y que la verdad y la justicia serían una utopía (otra más...). Los gobiernos de Julio María Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle y Jorge Batlle hicieron todo lo que estaba a su alcance, y un poco más, para que la Ley de Caducidad controlara y reprimiera la búsqueda de la verdad. Estiraron la ley cubriendo delitos que - en teoría - no podían ser impunes ni siquiera con esa propia ley. Nunca investigaron seriamente el destino final de los detenidos desaparecidos, no movieron un dedo para intentar recuperar a los bebés y niños secuestrados en la época de la dictadura y tampoco llevaron a la justicia los delitos que específicamente la Ley de Caducidad no amparaba, como los asesinatos de Zelmar Michelini y Gutierrez Ruiz, los delitos económicos y los delitos cometidos en el exterior.

Luego de la derrota del voto verde, incluso la mayoría de los dirigentes del Frente Amplio decidió apoyar la "decisión soberana" del pueblo uruguayo, olvidando que la campaña por la recolección de firmas y el posterior plebiscito fue una lucha desigual, muy desigual. Mientras se prohibía un spot televisivo de Sara Mendez (que "osaba" mencionar un caso de desaparecidos), todo el aparato de gobierno se dedicó a asustar a la población (el famoso "y después... ¿qué?") y a apoyar el voto amarillo.

Es verdad, el pueblo no se equivoca. Pero si las condiciones (sociales, políticas, etc.) no son las mismas que a mediados de los 80 (con militares encajonando los requerimientos judiciales en una caja fuerte), entonces el pueblo tiene todo el derecho de cambiar su posición.

El Frente Amplio, ahora en el gobierno, está cumpliendo con la promesa empeñada. Tabaré Vázquez se comprometió con los familiares de detenidos desparecidos a investigar el destino de las víctimas de la dictadura militar y lo está cumpliendo. También está aceptando que los militares que son requeridos por otros países puedan ser juzgados por los delitos que cometieron en el extranjero.

Durante un acto realizado en el Memorial de los Desaparecidos, la organización de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos dijo que "...con la llegada del nuevo gobierno se ha conformado un nuevo escenario político con nuevas expectativas y nuevas esperanzas..." y que las promesas del Dr. Tabaré Vázquez se han cumplido.

Todo esto forma parte de la búsqueda de la Verdad.

¿Y la Justicia?

A pesar que el Frente Amplio había decidido ya hace años aceptar la "decisión soberana" y no tocar la Ley de Caducidad, desde el propio gobierno se presentó la propuesta de realizar una interpretación de esa ley. Esa interpretación de la Ley de Caducidad serviría para abrir una brecha en la impunidad y así poder enviar a la Justicia a algunos militares que cometieron violaciones de los Derechos Humanos durante la pasada dictadura.

Incluso se aprovecharon algunos resquicios que deja la propia Ley de Caducidad para no dejar impunes ciertos delitos. Todos los gobiernos anteriores, ante la consulta del Poder Judicial, decían que tal o cual caso estaba amparado por la Ley de Caducidad, obligando a los jueces a no abrir una investigación (menos aún un proceso o una condena). En cambio, el Dr. Tabaré Vázquez, ante una consulta de un juez, indicó que los casos de Simón Gatti Mendez, Gerardo Gatti y Washington Barrios no estaban comprendidos en la Ley de Caducidad y podían ser investigados a nivel judicial

Ese proyecto de interpretación de la Ley de Caducidad fue apoyado por todos los sectores del Frente Amplio, por los dirigentes sindicales e incluso por las asociaciones de derechos humanos. Sólo los dirigentes del Partido Nacional y del Partido Colorado, artífices de la impunidad, se pusieron directamente en contra de ese proyecto. Previsible... y hasta esperable.

Los restos de desaparecidos hallados en una chacra en Pando no sólo acercaron una prueba física de los aberrantes delitos que cometieron los militares y que hasta ahora sólo se podían conocer por boca de sobrevivientes o familiares. Demostraron también que la desaparición de alrededor de 200 uruguayos no necesariamente tendría que ser eterna y que muchos militares tienen las pruebas y el conocimiento del destino de esas personas.

El hallazgo de esos huesos dio pie para que los "cara de piedra" blancos y colorados dijeran que ahora no era necesario realizar ninguna interpretación de la Ley de Caducidad, como si ese descubrimiento hubiera sido "posible" gracias a esa ley. Lo único que hizo "posible" esa ley fue que esos huesos demoraran 30 años en ser descubiertos y que sólo se pudieran hallar - hasta ahora - los restos de dos detenidos-desaparecidos. Mientras tanto, decenas y decenas de torturadores y asesinos pasean libremente por las calles.

Pero... si se puede dar un paso adelante... ¿por qué no dos? Es por esto que comenzó a gestarse una nueva propuesta: anular o derogar la Ley de Caducidad. Muchos son los argumentos a favor de esta posibilidad. Uno de los más relevantes plantea que si se llegara a interpretar la Ley de Caducidad, se la estaría aceptando como válida y luego se haría imposible su derogación o anulación. También indican que en el proyecto interpretativo, algunos artículos no serían necesariamente "interpretativos" sino "modificativos", ergo, terminarían beneficiando ("la ley más benigna") a los acusados.

La organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos indicó que la Ley de Caducidad es en la actualidad más inmoral que antes y "todos los mecanismos de nulidad y de pérdida de efectividad de esa ley son buenos para cumplir con nuestro objetivo de encontrar la Verdad y Justicia".

A nivel político, la posibilidad de anular o derogar la Ley de Caducidad ha generado una brecha y una diversidad de opiniones. Obviamente, los dirigentes blancos y colorados pusieron el grito en el cielo y ya se están oponiendo tenazmente. Seguramente ahora deben estar viendo con buenos ojos hasta el proyecto de interpretación...

Enrique Rubio (Vertiente Artiguista) es partidario del proyecto interpretativo porque estima que probablemente la anulación no pueda ser lograda. El legislador indicó que "...la anulación puede analizarse en el futuro, pero quizá equivalga a la nada porque inmediatamente –aunque fuera en el error– se van a interponer las teorías de ‘cosa juzgada’, ‘prescripción’, ‘inconstitucionalidad’, y otras". Igualmente, no cierra todas las puertas, ya que agrega que "...para el futuro no descarto nada, incluso anular, pero en lo personal sostengo que eso debería ocurrir en circunstancias políticas donde se diera un pronunciamiento ciudadano".

José Korzeniak (Partido Socialista) tiene una postura similar, opinando que el Parlamento no tiene potestades para anular una ley que fue refrendada por la mayoría de la ciudadanía.

Por el contrario, Rafael Michelini (Nuevo Espacio) opina que aprobar la ley interpretativa podría ser un "error político" en este momento, ya que eso haría casi imposible una futura anulación o derogación. El Nuevo Espacio considera que es "mejor esperar" y analizar la anulación o derogación a partir de Febrero del 2006. Al respecto, Rafael Michelini indicó a la prensa que "el propósito es luchar contra la impunidad, y por eso lo importante es eliminar flaquezas jurídicas que quizá dentro de 6 meses nos traben el objetivo final: que en Uruguay se haga justicia".

En una línea similar se encuentran el Partido Comunista y el Movimiento de Participación Popular. Por un lado, el Partido Comunista indica que la interpretación de la Ley de Caducidad podría ser un camino intermedio, pero siempre declarándose a favor de la anulación. Por su parte, varios dirigentes del Movimiento de Participación Popular sugieren que es mejor estudiar más a fondo el tema y sopesar las ventajas y desventajas de cada propuesta. El senador Alberto Breccia dijo que una posibilidad podría ser "aprobar primero la interpretativa y luego la anulatoria", pero plantea dudas ya que considera que la interpretación de la Ley de Caducidad terminaría ratificando su validez. Luis Rosadilla y Carlos Gamou, también del Movimiento de Partipación Popular, proponen que se forme una comisión de legisladores del Frente Amplio para analizar este tema y no cerrarlo justo a una semana de concluir el año legislativo.

¿Anular? ¿Derogar? ¿Puede el Parlamento Nacional destruir una ley que fue refrendada por el propio pueblo? Hasta hoy, todos los intentos de plebiscitos fueron creados, organizados, defendidos y llevados adelante por el pueblo, siempre con el gobierno de turno en contra. ¿No será hora que los dirigentes frenteamplistas vuelvan a pedir la opinión del pueblo, esta vez desde la posición de gobierno y no desde la oposición? Así como los orientales dejaron de creer en los espejitos de colores que le vendían los blancos y colorados en cada campaña electoral, seguramente también dejaron de creer en el "cuco" que se usó en la época del Voto Verde.

El senador socialista José Korzeniak dijo que sin la intervención del cuerpo electoral "el parlamento no puede derogar, ni anular la ley de Caducidad" y que "el cuerpo electoral esta por encima de los poderes del Estado".

Así mismo señaló que el camino para la anulación sería un plebiscito por iniciativa popular.